La liquidación de Amigo Loans, la entidad de préstamos de alto riesgo, puso fin a una saga de cinco años marcada por fallos regulatorios, quejas de clientes y, en última instancia, la insolvencia del principal proveedor de préstamos con garantía del Reino Unido. Asimismo, concluyó el proceso legal para indemnizar a los clientes mediante el plan de reestructuración aprobado por el tribunal.

Si bien la FCA censuró públicamente a Amigo por sus deficiencias en la evaluación de las circunstancias del prestatario y del garante, no se le impuso una multa, ya que ello habría puesto en peligro la capacidad de la empresa para pagar las indemnizaciones.

Medidas coercitivas de la Autoridad de Conducta Financiera (FCA)

La entidad financiera Amigo, que se dedica a la concesión de préstamos con avales de alto coste y atraviesa dificultades, ha evitado una multa de 73 millones de libras esterlinas impuesta por la Autoridad de Conducta Financiera (FCA) debido a que le habría causado graves problemas financieros. En su lugar, la FCA ha censurado públicamente a Amigo por no realizar las comprobaciones de solvencia adecuadas en sus préstamos entre noviembre de 2018 y marzo de 2020. Esto provocó que tanto los prestatarios como sus avalistas recibieran préstamos que no podían afrontar. El sistema informático de la empresa presentaba fallos de diseño y el personal no tuvo en cuenta adecuadamente las conclusiones de las revisiones internas y externas. Esto significó que, si bien el sistema generaba alertas y requería supervisión humana, el personal no investigó ni verificó suficientemente las solicitudes de préstamo antes de aprobarlas.

La FCA determinó que la empresa antepuso sus propios intereses comerciales a los de sus clientes y carecía de controles eficaces para mitigar el riesgo. La FCA afirmó que la empresa vendió de forma fraudulenta un número considerable de préstamos a consumidores que no podían pagarlos, lo que generó un alto riesgo de perjuicio.

Amigo ha propuesto un plan de compensación para indemnizar a los clientes prestamos confiables afectados. El Tribunal Superior lo ha aprobado y se prevé que esté finalizado a finales de 2022. El plan abarcará a todos los clientes que recibieron préstamos de la empresa entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de marzo de 2020 y que presenten una reclamación.

Evaluaciones de asequibilidad inadecuadas

La entidad de crédito de alto coste Amigo se especializaba en ofrecer préstamos a personas con historiales crediticios deficientes, cobrando intereses de hasta el 49,9 % y exigiendo a los prestatarios que contaran con amigos o familiares como avalistas. Sin embargo, sus procesos automatizados de toma de decisiones y la falta de consideración de la capacidad de pago de los prestatarios le impidieron detectar señales de alerta evidentes.

El sistema de aprobación de préstamos de la entidad financiera ignoró indicadores importantes de estrés financiero, como la existencia de múltiples préstamos a corto plazo, el uso persistente de descubiertos, las sentencias judiciales por impago, la verificación de ingresos mínimos y las ampliaciones de préstamos sin una reevaluación. Las entidades financieras deben asegurarse de no conceder préstamos inasequibles, e ignorar señales de alerta específicas como estas infringe las normas de concesión de préstamos responsables de la FCA.

A pesar de esto, los sistemas de préstamos de Amigo no lograron comunicar estos problemas al personal debido a fallos de diseño. Esto provocó un aumento masivo del 2304 % en las quejas sobre la asequibilidad en 2020 y, en última instancia, obligó a la empresa a entrar en liquidación.

Amigo reservó 345 millones de libras esterlinas para indemnizar a sus clientes, lo que representa la mayor provisión para compensación al consumidor en el sector de préstamos con aval del Reino Unido. Esto se complementó con un importante gasto de 319 millones de libras esterlinas en gestión, ya que la empresa tramitó el Plan de Acuerdo aprobado por el Tribunal para determinar, resolver y pagar las reclamaciones. Esto ha dejado a Amigo con fondos insuficientes para continuar operando, y los clientes ahora pueden recurrir a resoluciones independientes del FOS (Servicio del Defensor del Pueblo Financiero) que les permiten reclamar la indemnización completa en lugar de los pagos porcentuales reducidos del plan.

Procedimientos inadecuados para la gestión de quejas de los clientes

El colapso de Amigo Loans Ltd fue consecuencia de un modelo de negocio que priorizaba las ganancias y el crecimiento por encima de una evaluación adecuada de la solvencia. Esto derivó en prácticas crediticias irresponsables que obligaron a los clientes a avalistas a asumir los pagos cuando los prestatarios no podían hacerlo.

Los procesos automatizados de toma de decisiones de la empresa ignoraron las señales de alerta que indicaban posibles dificultades financieras y se centraron en impulsar las ventas de crédito en lugar de evaluar la elegibilidad del cliente. Esto incluyó préstamos aprobados a pesar de tener múltiples préstamos de día de pago o avales existentes, un uso constante de sobregiros, sentencias judiciales recientes y morosidad, y una verificación mínima de ingresos. También ignoró claros indicios de incapacidad de pago basados ​​en los gastos actuales y declaraciones financieras cuestionables presentadas por prestatarios desesperados con problemas de deuda.

Sumado a las enormes obligaciones de indemnización de la empresa, esto llevó a Amigo a la insolvencia y la obligó a solicitar un plan de reestructuración aprobado por el Tribunal Superior que limitaría los pagos a los clientes.

La finalización del programa el 28 de agosto de 2025 provocó el cierre definitivo de Amigo e impidió que la empresa siguiera tramitando las reclamaciones de indemnización por préstamos con aval. Los clientes cuyos fondos de indemnización fueron transferidos al Tribunal Superior deben ahora solicitar el acceso a ellos conforme a la Ley de Fideicomisos de 1925, un proceso complejo que requiere trámites legales, documentación justificativa y una tasa de solicitud no reembolsable (PS54). Sin embargo, la finalización del programa también supuso el fin de los pagos de indemnización a los clientes de préstamos de Amigo que no proporcionaron datos bancarios válidos antes de la fecha límite del 17 de mayo de 2025.

Retención de impuestos

La liquidación del esquema de préstamos Amigo en 2025 culminó una saga de cinco años de préstamos irresponsables e incumplimientos regulatorios que, en última instancia, imposibilitaron la continuidad de sus operaciones. El colapso de la empresa puso de manifiesto la importancia de presentar reclamaciones a tiempo y la imposibilidad financiera de obtener una compensación total cuando los prestamistas no realizan sistemáticamente evaluaciones de solvencia adecuadas. Estas lecciones van más allá de los préstamos con aval, ofreciendo información crucial sobre los préstamos a corto plazo, los contratos de alquiler con opción a compra y la financiación de vehículos, que pueden generar futuras obligaciones de compensación.

La censura pública de la FCA a Amigo pone de manifiesto fallos sistemáticos en los procesos de evaluación crediticia de la empresa y sus reiteradas infracciones del marco de préstamos responsables de la FCA. La empresa priorizó el crecimiento y la rentabilidad por encima del cumplimiento normativo, lo que derivó en niveles de crédito insostenibles que hicieron que miles de préstamos fueran inasequibles.

A medida que Amigo crecía, aumentaba el número de decisiones automatizadas tomadas por sus sistemas informáticos y reducía el uso de agentes de atención al cliente para agilizar la tramitación de los préstamos. En noviembre de 2018, el sistema realizaba "aprobaciones basadas en parámetros preprogramados y predefinidos" que no tenían en cuenta las circunstancias ni los riesgos individuales.

El gran volumen de reclamaciones resultante desbordó la infraestructura de atención al cliente de Amigo y obligó a la empresa a solicitar un acuerdo judicial para saldar sus deudas con los clientes. Este acuerdo evitó una insolvencia potencialmente desastrosa y permitió a la empresa pagar un máximo de 17 peniques por libra en concepto de indemnización. Este resultado demuestra la importancia de recurrir directamente al Servicio del Defensor del Pueblo Financiero (FOS) mientras los acreedores se mantienen solventes, ya que ofrece la posibilidad de una indemnización íntegra, en lugar de los pagos porcentuales reducidos que ofrecen los procedimientos de insolvencia.